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JORNADA 17 DE NOVIEMBRE 2015
Desde la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, por Naciones Unidas, los estados firmantes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacitado sin ningún tipo de discriminación por motivos de esta discapacidad.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento que inaugura un marco protector y garantista, inédito en el sistema de la ONU y en el derecho internacional, para las personas con "capacidades diferentes", suponiendo un punto de inflexión en el reconocimiento y el ejercicio de los derechos del colectivo. Asume, además, el fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y prevé las medidas, tanto de no discriminación como de acción positiva, que los estados tienen que implantar para garantizar los derechos de este colectivo en igualdad de condiciones con las otras personas.
España ratificó la Convención el abril de 2008 y entró en vigor en el Ordenamiento español y catalán el 3 de mayo de aquel mismo año, comprometiéndose a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos al mencionado documento.
Partiendo de estas premisas podemos afirmar que existen suficientes elementos y se dan las circunstancias necesarias para poner en marcha un mecanismo de observación con el fin de hacer más visible el sector de las personas con discapacidad física y poder dar las pautas para atender mejor sus necesidades: “Observar para transformar”
Uno de los retos que tiene el sector de la discapacidad es resolver la ausencia de datos fiables sobre su realidad en todo Cataluña. Esta carencia de información dificulta enormemente la posibilidad de sistematizar la situación actual del colectivo, impidiendo evaluar de manera global qué es su realidad y, por lo tanto, imposibilitando la puesta en marcha de medidas que contribuyan a mejorar su situación y a defender sus derechos.
Para conseguir que este observatorio se convierta en un instrumento útil y eficaz, hace falta una estrategia conjunta y poner en marcha acciones coordinadas que ayuden a la mejora del colectivo y permitan hacer realidad unas reivindicaciones que encara no han logrado plenamente las personas con discapacidad.
El ejercicio 2014 ha representado un punto de inflexión con la puesta en marcha del Observatorio de la Discapacidad Física (*ODF). A pesar de que los primeros pasos del ODF son todavía modestos, representan una filosofía de trabajo abierto y de colaboración entre las partes que tiene que permitir fortalecer primero, y consolidar en un futuro, la figura de este instrumento como una pieza clave para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Esta filosofía de trabajo contempla desarrollarse de manera constante y progresiva a partir de un denominador común: la Convención de Naciones Unidas (CNU). Desde el ODF hemos empezado a hacer visible una parte de la realidad que viven las personas con discapacidad física, una realidad que, por otro lado, a menudo es invisible ante un sector importante de la sociedad. Hemos empezado a romper el muro de silencio que alimenta, a veces, una discriminación verso las personas con unas “capacidades diferentes” a las que una gran parte de la sociedad deja al margen al considerar que se encuentran fuera de los “estándares” que marca.
Inicialmente la prioridad de la ODF será la de "*visibilitzar" y “*obsevar” la discapacidad física, por ser el tipo de discapacidad que afecta a un mayor número de personas y no disponer de ningún instrumento parecido a nivel de todo el sector. A la larga consideramos que el ámbito de la discapacidad es tan heterogéneo y diverso que habrá que ampliar esta observación a otros tipos de discapacidad.
El ODF nace en un momento de cambios profundos a la sociedad y se plantea desde el convencimiento que las acciones de incidencia política son prioritarias por las organizaciones. Es decir, el uso de instrumentos de participación ciudadana que permiten influir sobre las decisiones políticas en la busca de la mejora social. A partir de los datos objetivos es posible mejorar las actividades de sensibilización y trabajar para influir en un cambio cultural que posibilite una mayor implicación del conjunto de la sociedad para evitar discriminaciones, y poner el énfasis en el reconocimiento de la dignidad y respeto, valores inherentes de todas las personas sin distinción para favorecer una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.
Esta filosofía sustentada en principios y derechos es la que nos permite poner a la persona en el eje central de nuestra actividad. Los resultados de este modo de proceder nos permiten ser optimistas de cara al futuro porque, paso a paso, vamos generando sinergias, alianzas y un trabajo basado en la colaboración con otras entidades, organizaciones y administraciones.
El núcleo impulsor de este proyecto, formado inicialmente por la asociación Amputats Sant Jordi (ASJ) y COCEMFE Barcelona, ha recibido ya el apoyo a diferentes niveles y hasta la fecha de administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña o instituciones como la Fundación Vodafone España, TMB, el IERMB (Institut d' Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, la Fundación Bancaria ‘la Caixa’ y organizaciones cmo el COCARMI o el Observatorio del Tercer Sector (OTS). Todas ellas han creído en nuestro proyecto, han apoyado y se han interesado por nuestra causa que es, en definitiva, la de toda la sociedad.
De cara al futuro más inmediato, queremos que el ODF siga siendo una herramienta colaborativa que potencie el trabajo en red para diseñar una hoja de ruta compartida que nos permita seguir generando sinergias –y crear de nuevas– entre los diferentes implicados con la voluntad de trabajar al servicio de las personas con discapacidad, siguiendo los preceptos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.
